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La profesión más peligrosa en Perú es del presidente: nuevo escándalo de corrupción.

Como muestra la historia, la actividad política en Perú siempre ha sido una ocupación peligrosa desde el comienzo de la república como el Estado independiente. Como se ha señalado por muchos analistas políticos, la principal razón de este fenómeno es la completa ausencia de solidez racial y étnica de “la nación peruana”. La misma noción de la establecida nación peruana moderna parece extrema en relación con el fondo de contradicciones antagónicas a menudo insolubles entre aproximadamente el 10% de la minoría blanca, los indios y el pequeño número de los negros, mulatos, zambo (una mezcla de representantes negros con los indios), chinos y japoneses. Por cierto, de los últimos también está el ex Presidente, Alberto Fujimori, que fue indultado en diciembre pasado. Los conflictos internos y contradicciones a menudo degeneraron en enfrentamientos armados y sirven como base para el surgimiento de partidos de izquierda y de derecha políticos. Entre los más famosos en el mundo hay que mencionar: los ejemplos de la izquierda radical – el Partido Comunista del Perú “Sendero Luminoso” y el movimiento revolucionario, “Túpac Amaru”; el batallón derechista de “Rodrigo Franco” y otros. En los años 80 del siglo XX, todos aquellos actuaron en el territorio del Perú, y definían su principal objetivo por la violencia y la venganza.

Cabe referirse al hecho de que Perú es una república descentralizada unitaria primer-presidencial fundada en el principio de separación de poderes, por lo que el poder legislativo reside en el Congreso unicameral de la República, el poder ejecutivo encabezado por un presidente que es jefe del Estado y también el comandante supremo de las fuerzas armadas y el sistema judicial incluye el Tribunal Supremo, los tribunales del distrito y locales. En este país de América del Sur, que en la historia mostró unos conflictos violentos hacia una lucha política, el funcionamiento de la separación de poderes es muy real. El hecho interesante es que desde el año 1985 todos los presidentes de la República y sus principales rivales en las elecciones sin excepción en este momento se encuentran bajo investigación: el ex Presidente, Alan García Pérez (1985-1990 y 2006-2011) hasta el momento está esperando el veredicto, sin embargo, parece muy probable; (1990-2000), Alberto Fujimori, en diciembre de 2017 fue indultado por el jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, en ese momento; Alejandro Toledo (2001-2006) está esperando la sentencia, y la parte peruana ya ha enviado a los EE.UU., donde se había escondido, una solicitud de extradición; Ollanta Humala (2011-2016) ya está esperando con su esposa el veredicto.

La rival de Pedro Pablo Kuczynski en las últimas elecciones presidenciales, Keiko Fujimori (hija del ex Presidente de la República, Alberto Fujimori), también sigue investigada. Por cierto, el rival de su padre en las elecciones presidenciales de 1990 fue un escritor, el premio Nobel de literatura en el año 2010, Mario Vargas Llosa. Él es el único de los principales candidatos a la presidencia en las últimas tres décadas, que aún no está culpado de cualquier violaciones de derechos humanos o la corrupción de las conexiones secretas con la mayor empresa constructora brasileña “Odebrecht”.

La efectividad de la judicatura en Lima impresiona a muchos europeos, especialmente de Europa del Este, donde los escándalos de corrupción y la venalidad de los políticos han sido percibidos durante mucho tiempo como un fenómeno habitual.

Parece que en Lima pueden comenzar hasta las protestas contra miembros del poder judicial, si todos los ex Presidentes podrán combinar sus esfuerzos para rescatar la reputación política a la luz de las nuevas revelaciones de ex figuras en el caso de “Odebrecht”. Una de estas precedentes fue el hecho de que en diciembre de 2017, Pedro Pablo Kuczynski ha indultado Alberto Fujimori, a cambio de lo que el hijo de éste Kenji convenció a sus seguidores a no participar en el juicio político. Como resultado, los 10 diputados del principal partido de oposición “Fuerza Popular” se abstuvieron durante la votación para la acusación y salvaron al Presidente en ejercicio. Los familiares de las víctimas de la represión durante su administración inmediatamente salieron a las calles y reclamaron sobre la injusticia de perdón, llamándolo inhumano, pero políticamente beneficioso para las autoridades.

Este “círculo vicioso” fue cerrado el 21 de marzo por Pedro Pablo Kuczynski, quien asumió la presidencia de Perú en julio de 2016. La declaración de renuncia se realizó en el contexto de la crisis política que se produjo en el país a fines del año pasado.

Las primeras denuncias de corrupción contra Kuczynski aparecieron en febrero de 2017, siete meses después de su toma de posesión. En el momento en que el documento fue hecho público por inteligencia peruana en el ámbito financiero, una lista que contiene los nombres de los 69 funcionarios que intervienen en las operaciones bancarias sospechosas, entre ellos fue y el Presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski. Además, los periodistas argumentaron que la empresa vinculada con Kuczynski “Latin America Enterprise” ha recibido el pago de la mencionada compañía constructora brasileña “Odebrecht”. Dicha información surgió en el fondo en medio de una nueva ronda del desarrollo de un gran escándalo de corrupción con la empresa “Odebrecht”. Donde estaban involucrados los altos funcionarios de al menos diez países latinoamericanos, incluyendo a los ex Presidentes peruanos Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016).

Ya en noviembre de 2017, la edición peruana “Caretas” publicó documentos que demostraban la conexión entre “Odebrecht” y la consultora estadounidense “First Capital Partners”, uno de cuyos directores era Pedro Pablo Kuczynski. En los años 2003-2006, las compañías trabajaron juntas con al menos tres proyectos. Otros eventos se desarrollaron rápidamente: el 13 de diciembre de 2017 los parlamentarios de la oposición “Fuerza Popular” presentaron documentos, los que indican que en los años 2004-2013 “Odebrecht” donó $ 4.8 millones a dos empresas relacionadas con Kuczynski, hay que destacar que de los cuales $ 62.5 mil durante el período en que Kuczynski ocupó cargos en el Gobierno (en los años 2004-2005 como el Ministro de Economía y Finanzas, en los años 2005-2006 como el Primer Ministro).

Luego, el 15 de diciembre, el Parlamento de Perú, el Congreso, la mayoría de los escaños en los que pertenece al partido antes mencionado “Fuerza Popular”, lanzó el procedimiento de juicio político con la formulación del “fracaso moral” para ocupar este alto cargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la actual Constitución de Perú. La intención de remover al jefe del Estado fue hecha por los representantes de varios partidos parlamentarios. Para la destitución del Presidente, los 87 de los 130 diputados debían apoyar la iniciativa. Sin embargo, el 21 de diciembre del año pasado, la oposición logró obtener los votos solamente de los 79 diputados, lo que permitió a Kuczynski mantener su cargo en ese momento.

Sin embargo, el 28 de febrero de este año, el ex alto ejecutivo de la representación “Odebrecht” en Perú, Jorge Barata, durante la investigación de los esquemas corporativos de corrupción, dijo que para implementar la campaña electoral de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2011, la empresa transfirió 300 mil dólares americanos. Después de la publicación de esta declaración el Congreso comenzó de nuevo el proceso de juicio político en relación con el “fracaso moral” de Kuczynski para ocupar este cargo.

La actual crisis política se agravó el 20 de marzo de este año después de la publicación de nuevos documentos, entregados a los medios por el partido “Fuerza Popular”. Presentadas desde cámaras escondidas, las grabaciones de audio y video demuestran claramente que los partidarios de Kuczynski han tratado reiteradamente de persuadir a varios parlamentarios a votar en contra de la acusación. A cambio de sus voces, se les ofrecieron varios beneficios, y en algunos casos, pagos en efectivo. En su apelación a la nación peruana el 21 de marzo, Kuczynski dijo que el video fue montado intencionalmente de tal manera que lo acusaron a él y a sus colaboradores.

Dirigiéndose a la nación ese día, Pedro Pablo Kuczynski anunció su renuncia y subrayó que “esto será mejor para mi país”. Todos los representantes de su Gobierno escribieron una declaración de renuncia en solidaridad con el Presidente. De acuerdo con la Constitución actual, el Primer Vicepresidente del país, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ocupará el cargo de jefe del Estado.

Como lo demuestra la cadena de estos ejemplos, la justicia peruana no simpatiza con ningún político en Lima. Para los representantes de la judicatura, no importa si fueron presidentes o si están actualmente en el poder. Cabe señalar que la exposición del caso de alto perfil de la empresa brasileña “Odebrecht” mostrará hasta qué punto la separación de poderes está funcionando en los países de la región de América Latina. Por el momento, se pudo ver en Perú y en Brasil en 2016, con el ejemplo de los ex Presidentes, Lula da Silva y Dilma Rousseff. En los últimos meses, el escándalo también está aumentando en Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina.

¿El escándalo de corrupción alejará a la nación peruana “abigarrada” del apoyo al régimen de la derecha? ¿Tomará las izquierdas en la “ola de cambio” posiciones estratégicas en el Gobierno? Estas y otras preguntas retóricas deberán ser respondidas por los peruanos en los próximos meses. Pero el dilema principal en Perú sigue siendo el desarrollo de un curso político que corresponde a la alineación moderna de fuerzas en el ámbito internacional.

 

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