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Bolivia: la crisis política en medio de la pandemia mundial

Mientras que al principio de julio, los representantes de la OMS anunciaron que América es el epicentro mundial de la pandemia de coronavirus, y para el 1 de octubre, el número de víctimas en toda la región podría casi triplicarse llegando a los 637.000, las convulsiones sociales y los conflictos políticos se han intensificado en varios países. El tema más discutido de la semana fue otra vez la postergación  de la fecha de las elecciones generales en Bolivia. ¿Cómo va el proceso electoral en este país latinoamericano en el contexto de la pandemia? ¿Cuál fue la verdadera razón de esta decisión del Gobierno boliviano?

Volviendo a la historia del tema, cabe recordar que como resultado de la renuncia del Presidente boliviano, Evo Morales (Juan Evo Morales Ayma), el 10 de noviembre de 2019, que fue causada por acusaciones de falsificar los resultados de la primera vuelta de votación el 20 de octubre, el Gobierno de Transición encabezado por la ex Senadora Jeanine Áñez (Jeanine Áñez Chávez), llegó al poder. Se han programado nuevas elecciones en Bolivia para el 3 de mayo de 2020. Como parte del proceso electoral, los ciudadanos del país deben elegir un presidente, un vicepresidente, 130 diputados de la Cámara baja y 36 senadores de la Cámara alta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sin embargo, la situación epidemiológica que se ha desarrollado en el país como resultado del brote del virus COVID-19 ha hecho sus propios ajustes en el “calendario” electoral de Bolivia. Primero, el Gobierno de Transición pospuso la celebración de las elecciones generales el 2 de agosto, luego – el 6 de septiembre, y entonces, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral del país latinoamericano, Salvador Romero (Salvador Romero Ballivián), anunció el 23 de julio que el momento de la primera vuelta de votación en Bolivia volvió a cambiar, ahora por el 18 de octubre.

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Los partidarios del ex presidente Evo Morales y representantes de otras fuerzas políticas creen que la reticencia del Gobierno de Transición de Bolivia celebrar elecciones generales en la fecha establecida por el Parlamento puede estar asociada no solo con la situación epidemiológica en el país, sino también con un intento de posponer la transferencia del poder. Según una encuesta de opinión pública realizada a fines de junio – principios de julio por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), Luis Arce (Luis Alberto Arce Catacora), el candidato presidencial del partido “Movimiento al Socialismo” (MAS), encabezado por el ex líder de Bolivia, lidera con el 41.9% de los votos.  El segundo lugar lo ocupa Carlos Mesa (Carlos Diego Mesa Gisbert) del partido socialdemócrata “Comunidad Ciudadana” con un resultado de 26.8%, y el tercer lugar lo ocupa el actual Jefe de Estado de la alianza política “JUNTOS”, Jeanine Áñez, con 13.3% del apoyo.

A principios de marzo, se supo de los dos primeros casos de infección con el virus COVID-19 en Bolivia. Por el momento, según los indicadores del Ministerio de Salud de Bolivia, más de 71 mil personas ya han sido infectadas con el coronavirus, más de 2.6 mil bolivianos se han muerto. En respuesta a la difícil situación epidemiológica en la región, el Gobierno de Transición declaró el estado de emergencia nacional en el país. Según varios analistas políticos, esta decisión también está asociada con la posibilidad de obtener un préstamo para combatir las consecuencias de la pandemia del coronavirus COVID-19. El decreto correspondiente de las autoridades actuales se publicó en el sitio web del periódico oficial del Gobierno boliviano a principios de la semana pasada. El documento también señala que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene la intención de solicitar un préstamo al Banco Central de Bolivia a favor de la tesorería del Estado para introducir medidas económicas destinadas a combatir las consecuencias de la pandemia. El monto del préstamo no se especifica en el Decreto.

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Además, la semana pasada una comisión parlamentaria en la Cámara baja del Parlamento boliviano, donde la mayoría aún está en manos de partidarios del ex Presidente Morales, rechazó un proyecto de ley presentado por el Gobierno para aceptar un préstamo de 327 millones de dólares, que el FMI aprobó para ayudar al país latinoamericano a combatir la pandemia. Según los parlamentarios, la obtención de dicho préstamo conducirá inevitablemente a los recortes presupuestarios y la pérdida de la soberanía financiera del país.

Después del anuncio de la noticia sobre el nuevo aplazamiento de las elecciones generales en Bolivia, varios movimientos sociales anunciaron que a partir del 28 de julio comenzarán a realizar marchas de protesta pacíficas en varias regiones del país contra el cambio en el “calendario” electoral. El Gobierno de Transición interpretó esa declaración como un intento de los representantes del partido “Movimiento al Socialismo” y los partidarios del ex Presidente de iniciar disturbios y llevar a cabo propaganda política en el contexto de la crisis sanitaria que se ha desarrollado en Bolivia como resultado del fuerte aumento en el número de infectados con el virus COVID-19.

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De cualquier manera, las protestas masivas que comenzaron en varios departamentos y encuestas de opinión ya han demostrado que el partido “Movimiento al Socialismo” y el ex líder continúan teniendo un gran apoyo, especialmente entre la población rural y las clases sociales más pobres. Mientras tanto, la Presidenta interina está actuando de tal manera que es poco probable que despierte simpatía con el electorado de Morales. La dura represión de las protestas por parte de las estructuras de fuerza del Estado sigue siendo un rasgo característico de una división en la sociedad.

Cabe señalar que después de llegar al poder, Jeanine Áñez creó rápidamente el Gobierno de Transición, que prácticamente no incluía representantes de la población indígena del país (quechua, aymara, guaraní, etc.), pero la nueva élite establecida está representada muy ampliamente. Evo Morales, por otro lado, como el primer representante de los pueblos indígenas (aymara) como Jefe de Estado, confió en ese electorado. Además, la biografía del político, que provenía de una familia pobre, no tenía una educación secundaria completa, se dedicaba al cultivo de coca y la protegía como un tesoro nacional, también contribuía al apoyo de la población indígena campesina. Y aunque hoy, por ley, no podrá postularse, si el partido “Movimiento al Socialismo” mantiene este nivel de apoyo, Bolivia nuevamente enfrentará protestas y, muy probablemente, un nuevo cambio de poder.

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