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Legalización de la marihuana en América Latina: perspectivas y riesgos

Este artículo tiene fines descriptivos e informativos y no tiene como objetivo popularizar sustancias prohibidas ni invocar ningún tipo de violación de las normas relacionadas con el control de drogas en la Federación de Rusia y/u otros países.

Aunque el cannabis se considera gradualmente de manera más liberal en varios países, su uso tanto con fines médicos como recreativos sigue provocando un fuerte debate. En 2019, el volumen del mercado global de marihuana legal ascendió a 22,9 mil millones de dólares estadounidenses, con más de 50 países tomando el camino de despenalizar la marihuana. Mientras tanto, las transacciones en el mercado negro exceden 20 veces las ventas legales. En América Latina, donde esté controvertido producto está vinculado a violentos cárteles de la droga, los enfoques de la regulación difieren. Sin embargo, los inversores siguen atentos al mercado y amplían las actividades regionales.

Formalmente, según las normas derecho internacional, el cannabis y su resina pertenecen a la misma categoría de sustancias que la cocaína y los opiáceos, lo que no impide a varios países despenalizar y legalizar la marihuana a nivel nacional. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda revisar el estatus legal internacional de la sustancia: el año pasado la Organización lanzo la iniciativa de excluir el cannabis y sus derivados de la Lista IV de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes (1961). Debido a que el cannabis pertenece a la categoría de sustancias peligrosas de la Lista IV, su uso es bastante limitado, ya que las normas de la Convención Única prohíben su producción, procesamiento, exportación e importación, comercio, almacenamiento o uso, con excepción de ensayos clínicos y trabajos de investigación realizados bajo estricta supervisión y control.

En el 2013, Uruguay fue el primer país en el mundo que hizo legal el cannabis: tanto el uso terapéutico como el recreativo (personal) se legalizaron a escala nacional. Los ciudadanos y residentes permanentes pueden cultivar varias plantas y comprar hasta 40 gramos de marihuana mensualmente a la hora que tenga su licencia especial. El consumo aumentó significativamente respondiendo al cambio de régimen: del 5% de la población que lo declaraba abiertamente en 2006 a un 15,4% de consumidores a nivel nacional en 2016. Al mismo tiempo, solo un tercio de los fumadores de cannabis siguieron la opción legal: el mercado negro sigue activo, pero, según estimaciones oficiales, ha disminuido en 22 millones de dólares estadounidenses al año.

Canadá y varios estados de los Estados Unidos han introducido regímenes bastante parecidos al de Uruguay. En cuanto a otros países de la región latinoamericana, aún siguen siendo conservadores. El consumo y la circulación están prohibidos en Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Cuba y la República Dominicana. Hasta el momento, solo nueve países de la región se han sumado a Uruguay en su camino para conmutar normativas sectoriales: el uso terapéutico de medicamentos a base de cannabinoides está permitido hasta cierto punto (y con prescripción médica) en Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Jamaica y Puerto Rico. El consumo recreativo está restringido en estos países (al igual que en Costa Rica y Panamá), aun así, la investigación y el uso como ingrediente de productos farmacéuticos se consideran actividades legales. En Colombia, Perú y Paraguay, las empresas pueden incluso cultivar cannabis a escala industrial para abastecer a la industria farmacéutica y aplicaciones científicas.

Aceite de cannabis
Aceite de cannabis. Foto: Miss Nuchwara Tongri.

Las más activas reformas relacionadas con el uso de cannabis para fines personales comenzaron en América Latina en el 2015 y en su mayoría tenían como objetivo despenalizar el cultivo doméstico (unido a un registro obligatorio de los llamados agricultores). Entonces, se permite cultivar varios arbustos de la planta fragante y tener un pequeño almacenamiento personal de marihuana en Jamaica y Trinidad y Tobago. Un enfoque similar ha sido objeto del debate legislativo en México y Colombia en los últimos años.

En su camino a aliviar gradualmente el régimen de la industria del cannabis, los gobiernos latinoamericanos reconocen que las nuevas medidas deberían abordar el problema del tráfico de drogas y la violencia y la corrupción relacionadas. Además, con la creciente demanda mundial de cannabinoides (extractos y sustancias de cannabis) en la producción de analgésicos y sedantes, los proveedores de México, Colombia, Ecuador y Perú están bien posicionados para ocupar un nicho legal en la cadena de suministro emergente. De hecho, estos países cuentan con la infraestructura de producción y comercialización necesaria. Otro tema es su traslado a un campo legal transparente evitando oleadas de violencia y nuevas guerras de narcos.

Un uniforme marco legal apoyado por un sistema de control transparente para el cultivo y circulación de sustancias de cannabis (incluyendo no solo la planta en sí, sino también sus resinas, aceites y tinturas utilizadas en la producción de medicinas) puede apoyar a los pueblos indígenas involucrados en actividades agrícolas y apoyar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Actualmente, la mayoría de los productores que viven en áreas rurales están integrados en cadenas de suministro ilegales y sometidos al control (y constante amenaza) de los narcocárteles. Vale mencionar, que a fecha de 2018, solo 40 empresas latinoamericanas han recibido licencias para la producción industrial de marihuana.

La accesibilidad a los mercados norteamericanos y la alta competitividad contribuyen a la difusión de un enfoque educado y ético de la producción y el consumo de marihuana. Los bajos costos de producción (alrededor de $0,5 por gramo de cannabis) debido a factores climáticos permiten a los productores latinoamericanos competir con los productores de Canadá y Estados Unidos, donde los costos de producción por gramo están al nivel de  $2–2,5. Además de los usos terapéuticos y posiblemente un uso recreativo más amplio (en un futuro previsible...), los productos de cannabis se pueden utilizar en cosméticos, alimentos y bebidas. Las oportunidades son aún más amplias cuando se implementa un enfoque de fabricación circular y sostenible: la biomasa y los residuos orgánicos podrían convertirse en materiales para envases degradables, textiles y biocombustibles (tanto líquidos como en forma de pellets).

En este contexto, las empresas canadienses son los inversores extranjeros sectoriales más activos en América Latina. Así, en 2018, Aphria con sede en Ontario,  cerró un trato para adquirir los activos relacionados con el cannabis de la empresa biofarmacéutica Scythian Biosciences Corp en Argentina, Colombia y Jamaica. Con una inversión de más de 300 millones de dólares estadounidenses, Aphria planea expandir la exportación de partes de plantas y aceites cannabinoides, utilizando las mejores prácticas y tecnologías de cultivo y procesamiento. Chemesis International, otro holding canadiense multinacional, ha adquirido más de 10,000 acres en Colombia para expandir sus instalaciones de cultivo además de los 1,000 acres que ya están en uso. Chemesis International es un fabricante de cannabis de ciclo completo con plantaciones en América Latina, laboratorios productivos en los Estados Unidos y una cadena retail para sus productos con marca propia en los Estados Unidos y Puerto Rico. .

Investigación laboratorio de cannabis
Investigación laboratorio de cannabis. Foto: MexChriss.

Es obvio que cualquier negocio relacionado con sustancias psicoactivas sigue siendo un campo de alto riesgo, tanto en términos financieros como de seguridad personal. Si bien Estados Unidos, Canadá y varios países europeos ya han establecido un sistema relativamente estable, controlado y transparente para la circulación de cannabinoides, los gobiernos latinoamericanos tardarían varios años en introducir medidas estrictas y eficientes respaldadas por un seguro marco legal.

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