La comunidad mundial se enteró de los acontecimientos de rápido desarrollo en Ecuador el 18 de junio, cuando el Tribunal Nacional acordó incluir a Rafael Correa en el número de acusados en el caso del secuestro del político opositor, Fernando Balda. La jueza, Daniella Camacho, dictaminó que el ex jefe del Estado debe comparecer ante el Tribunal cada 15 días, a partir del 2 de julio, antes del final del juicio. Luego, enfatizó reiteradamente que las misiones diplomáticas de Ecuador en el exterior no pueden en este caso reemplazar el edificio de la Corte ubicado en la capital de Quito. Esta observación se debió al hecho de que Correa en los últimos meses ha vivido en Bélgica, de donde viene su esposa.
A principios de julio, la jueza, Daniella Camacho, a propuesta de la Fiscalía, presentó un veredicto contra el caso del ex líder del Ecuador, Rafael Correa, y emitió una orden de arresto. Anteriormente, el fiscal, Paul Pérez, preguntó sobre la detención preventiva de Correa en relación con su incumplimiento de la decisión de comparecer periódicamente ante el Tribunal. El 2 de julio se supo que Correa no cumplió con la decisión de la Corte Nacional, ya que no se presentó ante su personal a su debido tiempo. En cambio, el ex líder de este país sudamericano visitó la Sección Consular de la Embajada de Ecuador en Bruselas. Según Correa, como ecuatoriano que vive en el extranjero y afirma que asegura sus derechos, no está obligado a acudir a los Tribunales de su país de origen.
El juez ordenó notificar a la Interpol mediante la distribución de la “circular roja” (orden internacional de detención) para la captura y extradición del ex jefe del Estado. Por el momento, el político “deshonrado” se encuentra en Bélgica, donde su familia ha vivido durante mucho tiempo. El propio Rafael Correa cree que está involucrado en el proceso sin ninguna evidencia. Desde el principio, declaró repetidamente que no tenía nada que ver con lo que había sucedido. Según sus declaraciones, la investigación es la parte de la persecución política de las nuevas autoridades de Ecuador.
Los “padres” de la izquierda en América Latina apoyaron al ex líder de Ecuador. Los presidentes de Bolivia y Venezuela, como protesta contra la decisión judicial y su apoyo por parte del actual jefe del Estado, Moreno, enviaron a los jefes de las misiones diplomáticas del territorio de sus Estados. Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter comentó inequívocamente la situación: “La primera fue Cristina (se trata de Cristina Kirchner, la ex presidenta de Argentina). Después – Lula (estamos hablando del ex líder de Brasil – Luís Inácio Lula da Silva). Ahora – Rafael Correa. Deja de perseguir a los verdaderos líderes de Nuestra América. La Revolución Bolivariana expresa su solidaridad con el pueblo de Ecuador y Correa”.
Un creciente número de partidarios de la “izquierda” de la región hablan del factor de Lenin Moreno en Ecuador, cual, según ellos, está tratando de “eliminar” todos los rivales en su camino político. El 5 de julio, el actual Presidente de Ecuador ofreció una larga conferencia de prensa para representantes de medios internacionales. Moreno enfatizó que con su llegada al poder, Ecuador adquirió justicia independiente, que funciona de manera autónoma. Por esta razón, llamó a Rafael Correa a deshacerse de cualquier preocupación sobre venir a Ecuador, porque es un ciudadano de este país y debe comparecer ante la justicia.
El propio Correa cree que está involucrado en el proceso sin ninguna evidencia, y realizó declaraciones oficiales a medios internacionales y regionales sobre una conspiración en su contra. En respuesta a las intervenciones del ex líder, Moreno, Correa en comparación con el conocido capo mexicano, Joaquín Guzmán Loera, apodado Chapo, quien fue extraditado a los Estados Unidos. Lenin Moreno señaló que con respecto al argumento de que Correa es un prisionero político, lo mismo se puede decir de él mismo Chapo Guzmán.
El Canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, José Valencia, ha expresado su preocupación por las declaraciones de los Presidentes de Bolivia y Venezuela con respecto a la orden de prisión para Rafael Correa de la parte de la justicia ecuatoriana. Por lo tanto, de acuerdo con Valencia, el Ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores en respuesta a la extradición de personal ecuatoriano en Bolivia y Venezuela emitió una nota formal de protesta y se retiraron a sus Embajadores, que deberían dar una explicación de la posición de su Gobierno con respecto a los problemas internos de Ecuador.