El 24 de noviembre, la organización no gubernamental independiente “Human Rights Watch” anunció que las autoridades guatemaltecas deben investigar y sancionar a los funcionarios del orden público que utilizaron la fuerza durante las protestas pacíficas de ciudadanos del país. ¿Qué pasó en este país latinoamericano? ¿Por qué miles de guatemaltecos salen a la calle estos días?
El 21 de noviembre estallaron protestas en Guatemala contra la adopción del nuevo presupuesto estatal para 2021. El día anterior, los manifestantes prendieron fuego al edificio del Parlamento del país. La protesta estaba dirigida contra el Jefe de Estado Alejandro Giammattei (Alejandro Eduardo Giammattei Falla) y su escandaloso récord presupuestario para 2021, que, según cifras oficiales, asciende a casi $ 12,8 mil millones de dólares.
En cuanto a los indicadores de años anteriores, cabe señalar que este monto supera en aproximadamente una cuarta parte la cifra del año pasado. Sin embargo, según el proyecto de presupuesto, la mayor parte del dinero se destinará a infraestructura administrada por empresas privadas, en lugar de a combatir la alta pobreza en Guatemala. Según cifras de la ONU, el 59% de los 17.25 millones de habitantes de este país latinoamericano vive por debajo de la línea de pobreza, y aproximadamente la mitad de los niños guatemaltecos menores de cinco años están desnutridos. El presupuesto aprobado por el Congreso Nacional reduce significativamente el financiamiento de los programas sociales de desnutrición, educación, pobreza, vivienda y salud, además de limitar la asignación de fondos al Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, lo que puede afectar seriamente el funcionamiento de estas áreas.
Estalló la protesta popular contra del Congreso Nacional de Guatemala, en el que la mayoría de los escaños están ocupados por representantes del partido político de centro derecha de Giammattei – “Vamos”, que aprobó el presupuesto. Luego de enfrentamientos con la policía, estallaron llamas dentro del edificio del Parlamento del país latinoamericano. Varias personas fueron hospitalizadas con la intoxicación por humo.
Estos días los manifestantes contaron con el apoyo de Guillermo Castillo (Guillermo Castillo Reyes), Vicepresidente de Guatemala, quien, en el contexto de los hechos, se dirigió a Alejandro Giammattei y le pidió al Jefe de Estado que renunciara “por el bien del país”. A su vez, el 20 de noviembre, el mandatario del país dijo que no tenía intención de vetar el presupuesto aprobado por el Congreso.
En relación con esta reacción del Jefe de Estado de Guatemala, miles de ciudadanos del país salieron a las calles en protesta el 21 de noviembre. En la parte central de la capital, donde las protestas fueron mayoritariamente pacíficas, los medios locales y la Defensoría del Pueblo informaron sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, como resultado de lo cual al menos 17 manifestantes resultaron heridos. Los heridos fueron trasladados al Hospital General de Guatemala. Tras la represión de la marcha de protesta el 21 de noviembre, la ola de descontento social se extendió a otras ciudades y municipios.
En el contexto de las protestas, algunos guatemaltecos actuaron de manera violenta: vandalismo, saqueos y destrucción de bienes, incluido el incendio del edificio del Congreso Nacional. Al menos 37 personas fueron arrestadas durante las protestas en la Ciudad de Guatemala y otros municipios. El 22 de noviembre, la Defensoría del Pueblo del país latinoamericano interpuso un recurso de apelación para realizar su propia investigación a favor de 23 prisioneros en la capital, sobre la base de que los detenidos fueron detenidos ilegalmente y agredidos por los funcionarios del orden público.
El 23 de noviembre, el Presidente del Congreso Nacional de Guatemala, Allan Rodríguez (Allan Estuardo Rodríguez Reyes), se comprometió a cancelar el presupuesto estatal para 2021. Rodríguez anunció la decisión en un mensaje pregrabado en compañía de otros 16 diputados de diversos bloques políticos asociados al partido gobernante, publicado en la madrugada del lunes a través de comunicaciones del Congreso. Según reportes de medios nacionales, el informe fue grabado en la sede del Ministerio de Defensa de Guatemala, aunque las autoridades no confirmaron esta versión, a pesar de la insistencia de los periodistas. Además, la diputada opositora Lucrecia Hernández Mack advirtió en sus redes sociales que, desde el punto de vista legal, “ni la Junta Directiva (del Congreso) ni sus bloques tienen la potestad de archivar una ley aprobada por el pleno”, y pidió a la población que no se deje engañar por las autoridades parlamentarias.
El 23 de noviembre, el Gobierno guatemalteco apeló a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) con un llamado a apoyar la democracia en el país ante la amenaza de un “golpe de Estado”. Según el líder guatemalteco, tales acciones son solo un medio por el cual los grupos minoritarios buscan llevar a cabo un golpe. Según el discurso, los manifestantes, con sus acciones, obligaron a las autoridades a apelar a la comunidad internacional para apoyar la preservación de la democracia en Guatemala a través de instrumentos regionales.
El 22 de noviembre, en una declaración conjunta de países donantes que contribuyen a proyectos de la ONU para desarrollar las regiones más vulnerables (Alemania, Canadá, España, los Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Suiza, Suecia, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos) se dirigieron a las autoridades de Guatemala y señalaron que es especialmente importante que todas las instituciones gubernamentales del país mantengan un diálogo con la población, además de trabajar de manera constructiva para fortalecer el Estado de derecho y mejorar el bienestar de la nación y sus ciudadanos. Los países donantes de la ONU han pedido al Gobierno guatemalteco que investigue los hechos del 21 de noviembre y lleve ante la justicia a los responsables de incitar a la violencia y el uso excesivo de la fuerza.
La ONU hizo un llamamiento a todos los guatemaltecos y se ofreció a unirse en busca de soluciones consensuadas, abstenerse de un lenguaje de enfrentamiento y aprovechar todas las oportunidades para lograr un diálogo inclusivo, y también recordó que el país no solo se sumergió en una ronda de crisis política, sino que también sufre la pandemia del coronavirus en ese momento, cómo miles de personas están sobreviviendo a las secuelas de los huracanes “Eta” e “Iota”, que azotaron Centroamérica desde el 16 de noviembre. Tanto la ONU como otros organismos internacionales han confirmado su disposición a apoyar el diálogo en el país latinoamericano de cualquier forma posible.
En los próximos días se mostrará si las autoridades guatemaltecas podrán hacer frente no solo a los desastres naturales, sino también a un “huracán” político. Sin embargo, es bastante obvio que el actual Jefe de Estado tendrá que entablar un diálogo con la población, de lo contrario, el “huracán” no solo puede exponer los agudos problemas sociales del país, sino también conducir a una crisis política prolongada.
